Por Dr. Jaime Apoj, de CCIU
A pesar del tiempo transcurrido, y de las evidencias de que Hezbollah (al servicio de Irán) fue el ejecutor del atentado, en connivencia con la conexión local, a la fecha, 30 años después, no hay personas físicas que hayan sido identificadas, y llevadas a la Justicia.
Efectivamente, el 17 de marzo de 1992 se produjo en la capital Argentina el brutal atentado que dejó un saldo de 29 muertos y unos 242 heridos.
Hemos reflexionado en otras oportunidades sobre las desviaciones ocurridas en la Argentina, tanto de su Justicia, de sus servicios de inteligencia y/o de seguridad, como de hasta algunos malos altos funcionarios.
La consecuencia de este panorama es que poco tiempo después (en 1994) se atentó contra la sede de la mutualista Amia en la capital porteña, con un saldo trágico aún mayor, crímenes ambos que continúan impunes. Crímenes cometidos, si bien el primero contra una embajada (en teoría territorio extranjero), pero en territorio argentino, contra ciudadanos en su enorme mayoría argentinos, violando así su soberanía.
Más recientemente, se produjo la muerte del Fiscal Nisman, que casualmente se encontraba al frente de la Unidad que investigaba tales hechos. La impunidad, por ahora, es la gran vencedora. Y sabemos qué ocurre cuando los crímenes no tienen sanción.
Las investigaciones judiciales en el vecino país llegaron a varias conclusiones, como ser que Irán es el autor ideológico de estos actos, y Hezbolá su brazo ejecutor en el terreno.
Lo preocupante es que el final de los procesos siempre es el mismo: la paralización de los expedientes y la falta de condenas. La consecuencia es que la influencia iraní en Latinoamérica no sólo se mantiene vigente, sino que en los últimos lustros se ha incrementado.
Recientemente hemos visto visitas de jerarcas iraníes, algunos de ellos requeridos por la Justicia argentina por haber planificado los atentados en territorio argentino a asunciones de presidentes en Centroamérica. Y no son actos inocentes; responden a su intención de exportar su revolución de los Ayatolas, en principio, a todo el Medio Oriente, y para ello, precisa incrementar sus lazos en América Latina.
Debemos estar atentos a su clara intención de “exportar” sus conflictos a esta zona del planeta, sin mirar costos, sin escrúpulos, sin miramientos.
Varias organizaciones declaradas como terroristas son financiadas por Irán, todas ellas pertenecientes a la línea islamista chiita, en Medio Oriente. Pero actualmente, hay indicios de que operan también en Latinoamérica.
Es menester actuar para impedir que los actos terroristas, los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra civiles inocentes, se repitan. Para ello, hay que evitar que venza la impunidad.
El brazo de la Justicia debiera ser largo e imparcial.
La memoria de las víctimas civiles así lo reclama.
